La República Argentina fue uno de los primeros países latinoamericanos en convertirse en miembro del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME). La oficina del CIME se instaló en 1953, para desarrollar principalmente programas de cooperación técnica y colaborar en la movilidad y el asentamiento de comunidades migrantes.

En 1998, la OIM ubicada en Buenos Aires fue designada Oficina Regional para el Cono Sur, encargada de la asistencia a las Oficinas en los países bajo su jurisdicción. En 2011, luego de una reforma estructural, fue creada la Oficina País para Argentina, para llevar a cabo proyectos que encaren necesidades específicas en el ámbito local, mientras que se le dio a la Oficina del Cono Sur el nombre de Oficina Regional con funciones de coordinación y apoyo a las actividades de la OIM en América del Sur.

En el año 2024, la OIM impulsó un rediseño de su estructura a nivel global, regional y nacional. Desde septiembre de ese año, la Oficina de la OIM en la Argentina sumó funciones de coordinación para Bolivia, el Paraguay y el Uruguay. La Oficina de OIM en la Argentina desempeña sus funciones bajo la orientación estratégica y operativa de la Oficina Regional de la OIM para América y el Caribe, ubicada en Panamá.

La OIM Argentina desarrolla actividades, proyectos y programas orientados a prestar asistencia y apoyo técnico en materia migratoria y derechos humanos en general, a migrantes, gobiernos, asociados y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, trabaja de manera coordinada y colaborativa con el Sistema de las NN.UU. en la Argentina y en consecuencia forma parte de los marcos estratégicos de cooperación y planes de respuesta bajo los cuales se inserta su acción programática.

MECNUD en la Argentina

El Marco de Cooperación 2021-2025 representa el compromiso colectivo de las AFPs del SNU para coadyuvar con los esfuerzos del Estado argentino en el cumplimiento de la Agenda 2030, empleando los ODS como guía de su hoja de ruta. Se trata de un instrumento de planificación estratégica, diálogo y cooperación, basado en un ejercicio de reflexión y análisis, que toma en consideración los principales desafíos del país, las prioridades del Gobierno, y el valor que las Naciones Unidas pueden proporcionar para contribuir en cuatro dimensiones que se refuerzan mutuamente: desarrollo económico, desarrollo social, sostenibilidad ambiental y gobernanza. La OIM coopera con el Estado argentino para la formulación e implementación de políticas migratorias; la generación de conocimiento sobre las migraciones en la Argentina; la construcción de redes intersectoriales y espacios de diálogo sobre migraciones; la implementación de programas y proyectos específicos; y el monitoreo y la evaluación de programas. La contribución de la OIM colaborará además con los enfoques transversales de Derechos Humanos y de No dejar A Nadie Atrás, centrales en la Agenda 2030, para que las personas migrantes sean efectivamente incluidas en las políticas públicas que permitirán alcanzar los ODS.

Marco de las Naciones Unidas para la Respuesta y Recuperación socioeconómica y ambiental a la COVID-19

Este Marco se elaboró bajo la dirección del Coordinador Residente de la ONU y gracias al trabajo conjunto de todas las AFPs, a fin de contribuir con el país en los principales aspectos de la respuesta inmediata y la planificación de la cooperación para su recuperación. Se focaliza en cinco pilares: i) la salud en primer lugar; ii) proteger a las personas; iii) respuesta y recuperación económica; iv) respuesta macroeconómica y colaboración multilateral; y v) cohesión social y resiliencia comunitaria; y plantea un marco temporal de implementación de 18 meses. A través de éste se busca articular acciones de cooperación que mitiguen los impactos de la pandemia, especialmente en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas la población migrante y refugiada.

RMRP

Es un instrumento de planificación estratégica y de respuesta programática que ofrece un marco de respuesta integral a las necesidades identificadas de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de sus comunidades de acogida. El Capítulo Cono Sur, del cual la Argentina forma parte junto con Bolivia, Paraguay y Uruguay, planteó abordar las necesidades de aproximadamente 148 mil personas refugiadas y migrantes y 27 mil miembros de las comunidades de acogida. En la Argentina, el RMRP buscó alcanzar a 73.900 personas en necesidad con acciones en los sectores de albergue; agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés); transporte humanitario; seguridad alimentaria; salud; protección (incluyendo violencia basada en género, y trata de personas y tráfico de migrantes); educación; e integración socioeconómica.

Plan de Respuesta Humanitario a la COVID-19

Este Plan de Respuesta fue desarrollado en el marco de la RHIA, por la OCR; las AFPs de las Naciones Unidas, incluida la OIM; la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y las ONGs humanitarias ADRA, Cáritas Argentina, Cruz Roja Argentina, CISP y Médicos del Mundo, teniendo como aliada estratégica a la Unión Europea. La Red coordina sus acciones con la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, en su rol de Secretaría Ejecutiva del SINAGIR, y con Cascos Blancos, en representación de la Cancillería. Este Plan articula las acciones humanitarias propuestas por el SNU y socios humanitarios internacionales y se vincula con el Marco de Respuesta y Reconstrucción Temprana de las Naciones Unidas en la Argentina, que aborda, como mencionado precedentemente, los desafíos de mediano plazo del país. La OIM participa activamente en la RHIA y en el Plan de Respuesta Humanitario al COVID-19 con acciones que brindan asistencia en la emergencia y protección de los derechos de la población y garantizan su acceso a servicios básicos, en articulación con las autoridades de gobierno y las acciones incluidas en los demás marcos de respuesta y mecanismos de coordinación.

SPRP

Este Plan concentró las acciones de respuesta de la OIM a nivel global para la respuesta a la COVID-19, durante el período febrero-diciembre 2020. Se enfocó en cinco prioridades estratégicas: i) Salud, ii) Monitoreo de la movilidad, iii) Protección; iv) Coordinación y gestión de campamentos; y v) Integración socioeconómica de la población migrante a nivel local, nacional y regional.