El evento se realizó el pasado 26 de agosto y fue organizado en forma conjunta por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El evento tuvo como eje el intercambio en pos de la mejora de las capacitaciones, la detección temprana, y las sentencias judiciales con respecto a este delito, con un especial foco en los casos que se producen en la esfera rural.

Participaron especialistas judiciales, de organismos internacionales, y representantes del Vaticano, quienes disertaron sobre las principales variables para determinar la incidencia de la explotación laboral en el ámbito rural, así como sobre diferentes estrategias para combatir este delito y garantizar la asistencia y protección a las víctimas.

La apertura contó con la presencia de Gustavo Vera, Director del Comité; Pablo Moyano, Secretario General de la CGT;  José Voytenco, Secretario General de UATRE; Alejandro Salcedo, secretario general de Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de la Secretaría de Protección de la Niñez de la CGT; Laura Mazzaferri, Fiscal Federal de Mar del Plata; Marcelo Colombo, Fiscal Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas; Santiago Inchausti, Juez Federal y Vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales; Gustavo Ponce, Punto Focal en trabajo infantil, trata y trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ; y Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano.

En representación de la OIM participó como expositora Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de la OIM Argentina, quien hizo referencia la trayectoria de la organización en el tema, mencionando en particular publicaciones recientes sobre la materia que muestran cómo este delito afecta especialmente a personas migrantes. Asimismo, Fernández anunció: "En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, se sentaron las bases para una red regional de cooperación de mesas nacionales que llevan adelante la lucha contra la trata en diez países de la región”. Y finalizó expresando:  “Vamos a seguir contribuyendo a este intercambio de información, al fortalecimiento de la persecución y la cooperación transfronteriza, apoyando a la sociedad civil y a los mecanismos de reparación. Renovamos nuestro compromiso para este abordaje integral que necesita el involucramiento de todos nosotros”.

La confluencia de representantes de diversos sectores permitió un fructífero intercambio de opiniones en la que se resaltaron varios denominadores comunes: la necesidad de actuar en forma mancomunada; de acelerar los juicios y sentencias judiciales; de iniciar el proceso de reparación de víctimas incluso con la incautación ad referéndum de bienes secuestrados; y de clarificar los indicios de explotación.

El encuentro que demostró la gran potencialidad del trabajo en red entre organismos del Estado, sindicatos, organismos internacionales y sociedad civil, para desarrollar y profundizar estrategias que permitan un mejor combate al delito de trata y explotación de personas, y garantizar la asistencia integral y protección a las víctimas.