El 7 y 9 de marzo más de 500 personas participaron en las “Jornadas de integración social migratoria, trabajo, educación y salud”, destinadas para la población refugiada y migrante que reside en la República Argentina, con especial énfasis en la venezolana pues su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. El evento, que constó de dos jornadas, fue organizado conjuntamente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Políticas Universitarias con participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y tuvo lugar en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Las dos jornadas se inscriben en el marco de la política poblacional y de orientación de flujos migratorios y en el contexto del “Programa de asistencia a migrantes venezolanos”, establecido por la DNM mediante la Disposición 520/2019. En dicho plan se establecen los lineamientos para facilitar el ingreso al Territorio Nacional, la regularización de la condición migratoria y la inserción socioeconómica de las personas venezolanas en Argentina.

El evento fue financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por su sigla en inglés), del Departamento de Estado de EE.UU. y contó con dos paneles por día compuestos por diferentes funcionarios/as del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de organismos internacionales. El objetivo de las jornadas fue el de brindar información y generar un espacio de consulta y diálogo. Con el fin abordar diferentes temáticas de interés, como el funcionamiento del sistema RADEX, la convalidación de títulos universitarios, el acceso a la salud y a capacitaciones laborales, en el panel de apertura estuvieron presentes Paulo Falcon, Director Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria; Horacio García, Director de la DNM; Javier Tarulla, Subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnica Superior del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Mariana Beheran, Coordinadora de la Unidad de Investigación y Publicaciones de OIM Argentina; y Nicolás Figari, Asociado de Medios de Vida del ACNUR.

En esta ocasión, Mariana Beheran expuso los principales hallazgos de la Segunda Ronda de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés), realizada a fines de 2018, destacando que las personas venezolanas encuestadas eran en su mayoría jóvenes, profesionales y que más de la mitad de ellas contaba con dependientes económicos que -en gran parte- se encontraban en la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, Nicolás Figari explicó el rol del ACNUR, su mandato, la labor que realiza desde la Oficina Regional de Argentina y la población de interés para la que trabaja, incluidas todas las personas venezolanas sin importar su estatuto. A su vez, brindó información sobre la Ley de Refugiados en Argentina y las definiciones que contiene, las soluciones duraderas –con énfasis en la integración local-, los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y el trabajo desde la Unidad de Medios de Vida con actores especializados para apoyar cada dimensión del proceso hacia la integración socioeconómica de la población de interés.

En el segundo panel, titulado “Integración Social y Políticas Públicas”, disertaron Aníbal Gutiérrez, Director de Promoción y Desarrollo de Prácticas Contra la Discriminación (INADI); Claudia Zabala, Funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; Marcelo García Dieguez, Director Nacional de Capital Humano y Cristina Ciancio, Directora de Asuntos Sociales Migratorios de la DNM. En este segmento, desde una perspectiva intercultural, se disertó sobre las diferentes estrategias para erradicar la discriminación hacia personas refugiadas y migrantes, así como su integración en el país de acogida.

La concurrencia en ambas Jornadas fue mayor a la esperada y se prevé que estas iniciativas faciliten la comunicación y divulgación de las acciones del Estado argentino en materia de acceso a derechos de la población refugiada y migrante, con el afán de invocar a la comunidad toda y a diferentes organismos para -así- aunar esfuerzos en materia de integración social.