Cada 4 de septiembre, la República Argentina celebra el “Día del Inmigrante” conmemorando la disposición dictada por el Primer Triunvirato en el año 1812, que fomentaba la inmigración. Desde entonces y hasta nuestros días, la Argentina ha conformado su identidad como un país de migrantes, cuya identidad capitaliza y valora las identidades de todas las personas migrantes que eligen vivir en su tierra.

Este espíritu fue incorporado en la Ley Nacional de Migraciones sancionada en el año 2003, la cual reconoce el derecho humano a migrar y fomenta la inclusión plena de todas las personas migrantes garantizando una igualdad de trato y acceso igualitario a servicios sociales, bienes públicos, de salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, como así también cumplir con sus obligaciones.  

Este paradigma no se ha extendido a nivel global. En muchos lugares del planeta, las personas migrantes no son considerados sujetos de derecho, impidiendo su acceso al mercado formal de trabajo, servicios de salud y educación, entre otros. Existen muchos países cuya política se centra en crear cada vez más muros y trabas para el ingreso y permanencia de los migrantes en su territorio. El resultado es que cada vez más migrantes pierden sus vidas tratando de cruzar una frontera internacional, y las redes de tráfico y trata de personas se aprovechan de su condición de vulnerabilidad.

Estamos viviendo en un mundo global donde las migraciones son una parte constitutiva de nuestras sociedades. Hoy en día, todos los países del mundo son atravesados por la cuestión migratoria, y esto se refleja en el debate que desde hace más de 18 meses los países que forman parte de las Naciones Unidas están manteniendo en torno al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Los principios en los que se basó el borrador final de este Pacto incluyeron la obligación de respetar, proteger y asegurar los derechos humanos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio. Será un Pacto centrado en las personas que promoverá el bienestar de los migrantes y de las comunidades de origen, tránsito y destino de los migrantes.  Además, a través de este Pacto se fortalecerán las medidas de cooperación internacional para lograr que la migración funcione para todas las personas, basándose también en la Agenda 2030 cuyo principio guía es “no dejar a nadie atrás”, incluyendo las personas migrantes.     

Existe una necesidad imperiosa de que todos los países traduzcan estos principios en sus políticas migratorias nacionales y compartir la responsabilidad de recibir, acoger, incluir a todas las personas migrantes.

Empleando las palabras de nuestro Director General, William Lacy Swing, desde OIM reafirmamos que la migración no es un problema, sino una realidad humana que debe ser gestionada teniendo como guía fundamental el respeto a los derechos humanos de los migrantes y reconociendo que las personas migrantes traen prosperidad, innovación y desarrollo sostenible a nuestras comunidades.