La Ley 4409/12, sancionada en diciembre de 2012 por la Legislatura porteña, estableció el 10 de enero como el “Día de las Mujeres Migrantes” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de poner en agenda pública, visibilizar y concientizar sobre los crímenes de odio, la discriminación, la violencia y la xenofobia que son especialmente susceptibles de experimentar las mujeres migrantes.

Femicidios como el sufrido por Marcelina Meneses y su hijo en las vías del tren de la línea Roca el 10 de enero de 2001, son una clara muestra de cómo opera la interseccionalidad y los factores de exclusión mediados por el odio racial y xenófobo. Por eso, si hay algo sobre lo que ya no existen dudas, es que ningún fenómeno de la realidad social puede ser correctamente analizado si no se mira con el prisma de la perspectiva de género; y la movilidad humana no es la excepción.

La desigualdad estructural en la que se sustentan las relaciones sociales de género se observa con claridad en violaciones de derechos humanos como la que terminó con la vida de Marcelina y su bebé, pero también en la multiplicidad de violencias, inequidad, precarización laboral y falta de oportunidades que enfrentan muchas mujeres migrantes en forma cotidiana.

En cualquier contexto, no es lo mismo ser una mujer migrante racializada, una mujer que no tiene conocimiento del idioma del lugar donde se encuentra o que tiene alguna discapacidad, que no tuvo acceso a educación formal y empleo, una adulta mayor y/o una mujer migrante sin acceso a la regularidad documental, una mujer que sufre violencia intrafamiliar o que tiene que enviar remesas para sostener a su familia en otro país.

Retomando el concepto de interseccionalidad, es posible observar cómo identidades diversas, experiencias personales y temas -aparentemente- distintos están en realidad sustantivamente interrelacionados.

En diciembre 2021, OIM Argentina¹ publicó un estudio que daba cuenta del impacto de la pandemia por Covid-19 en las condiciones de vida de las personas migrantes en la Argentina en base a la Encuesta Permanente de Hogares. Los datos analizados arrojaron que, si en 2019 del total de personas migrantes desocupadas el 38,9% eran mujeres, en 2020 la cifra ascendió al 54,9%.

Este aumento de la desocupación en mujeres migrantes tiene estrecha vinculación con la elevada incidencia del trabajo de cuidado y en casas particulares de este colectivo², que en 2019 representaba la ocupación del 60% de las asalariadas migrantes no registradas.

Durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por la pandemia de Covid-19 el trabajo en casas particulares fue una de las actividades que se vio más afectada, entre otras cosas, porque se trata de un rubro no compatible con regímenes de teletrabajo, sumado ello a la escasa registración laboral del sector que mitigó el impacto las medidas estatales de desincentivo a los despidos.

En este complejo marco de desigualdad estructural que se vio agravado por la pandemia, es fundamental tener presente que todas las personas necesitamos cuidado en distintas etapas de nuestras vidas. El cuidado debe concebirse entonces como un derecho; pero, a la vez, el cuidado es sinónimo de trabajo, por lo que también debemos poner en valor las cadenas de cuidado a nivel local e internacional para analizar las relaciones sociales de género.

Históricamente, las tareas domésticas y de cuidado -en sentido amplio- han recaído sobre las mujeres, propiciando que seamos aún las principales responsables tanto en hogares propios, de forma no remunerada, como también ocupando lugares protagónicos como efectoras de cuidado remuneradas. Sabemos también que, más allá de su valor social sustantivo para la vida, el valor material del cuidado sigue siendo muy escaso.

A su vez, en los procesos de movilidad humana a menudo las mujeres migrantes provenientes de países de renta media y baja se insertan rápidamente en aquellos sectores donde consiguen empleo con más facilidad, como los ligados a las tareas reproductivas que han estado históricamente feminizadas. Entonces, si las redes de apoyo en ese nuevo lugar son escasas o nulas; si convalidar un saber o una titulación (de contar con una) no es sencillo en el país de destino, si se deben enviar remesas al país de origen para seguir sosteniendo a otras personas, o si no se puede acceder a la regularización documental; las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal bien remunerado se acotan sensiblemente y las mujeres migrantes, en una gran proporción, encuentran oportunidades laborales en ámbitos económicamente poco valorizados y precarios en términos de derechos.

De este modo, cuando las mujeres migrantes se insertan laboralmente, en general también siguen haciéndose cargo de las tareas domésticas y de cuidado de sus propios hogares, dado que, en muchos casos estas tareas ni se tercerizan ni se distribuyen equitativamente dentro del hogar. Esto contribuye a las dobles, triples o cuádruples jornadas laborales de las mujeres; restando tiempo y espacio para su desarrollo personal y para otras actividades fundamentales.

Si bien la legislación argentina es sensible a la temática migratoria y la concibe desde un enfoque de derechos, en la práctica, seguimos observando que las mujeres migrantes aún enfrentan múltiples desafíos. En un mundo cambiante e hiperconectado, los procesos de movilidad humana no se detuvieron ni siquiera en el marco de las restricciones puestas en vigor por la pandemia de Covid-19 y, por ello, es fundamental que las mujeres migrantes sean escuchadas e incluidas en todos los procesos de reconstrucción postpandemia.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018 reflejó la voluntad de más de ciento cincuenta países de transversalizar esta temática a nivel global. Este documento internacional, que fue pensado en diálogo directo con la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas, adopta un enfoque de 360 grados sobre la migración y refuerza el valor y los aportes al desarrollo realizados por las personas migrantes y por las organizaciones de la sociedad civil; vitales para abordar el fenómeno migratorio en su multidimensionalidad.

Con este marco, y en este día, los Estados, las comunidades locales, las diásporas, los organismos internacionales y las redes de personas migrantes debemos renovar esfuerzos y asumir los compromisos desde nuestros distintos roles para que las mujeres migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos y, sobre todo, para que puedan vivir una vida digna y libre de violencias.

1 Disponible en: https://argentina.iom.int

2 Disponible en: Migrantes en la República Argentina: Inserción en el mercado de trabajo